TalCual presenta seriado: Servicios (ni tan) Públicos

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 Equipo de Corresponsales

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29 septiembre, 2022

En medio de una crisis general sin precedentes, ha ocurrido una suerte de privatización de los servicios públicos de forma desordenada y sin control. Empresas de recolección de basura y distribución de gas ocupan el espacio dejado por las compañías del Estado. Al final el principal perjudicado es el ciudadano

Venezuela es un país con graves problemas, pero el déficit en los servicios públicos tiene gran incidencia y repercusión en la calidad de vida de la ciudadanía.

La suerte de privatización de los servicios públicos en Venezuela se acentuó en el último año, pero de forma desordenada y sin reglas claras. Hasta la fecha, son pocos los organismos que supervisan los trabajos y no se cuenta con información oficial sobre cómo es la participación del sector privado en el área. 

TalCual presenta un seriado sobre cómo la propia ciudadanía tiene que resolver la carencia de servicios en todo el país ante la poca efectividad del Estado para resolver esta problemática. 

En esta ocasión, se muestra el auge de empresas privadas tanto en el aseo urbano como el gas.

Un ejemplo de ello se evidencia en Caracas, donde varias empresas han incrementado su participación en el negocio de llevar gas directo residencial y comercial, además de gas industrial. Actividad que dejó de ser una obligación para Pdvsa Gas, que en el pasado se puso como meta llevar gas directo a más hogares venezolanos.

Rubén Pérez, consultor senior en materia de gas natural y energía, explicó que hay muy pocas ciudades en Venezuela con redes de gas, por lo que el país no cuenta con un mercado tan desarrollado como otras naciones de la región, entre ellas, Colombia y Perú.

Además, las modificaciones legales para el negocio petrolero y gasífero desincentivaron la inversión, mientras que la crisis de la industria tras la recesión económica y las sanciones de Estados Unidos, terminaron de complicar la situación. Al final, los afectados son los ciudadanos que en su mayoría no cuenta con el servicio de gas directo y tras una severa escasez de gas en bombonas en los años 2018 al 2021, la población aún continúa padeciendo de la falta del combustible.

Por otra parte, algunas comunidades denuncian que llevan 10 años sin la prestación del servicio de aseo urbano del sector público, y otras reclaman las excesivas tarifas que cobran las empresas privadas autorizadas por varios municipios. 

Expertos sostienen que es necesario un nuevo marco jurídico y de políticas públicas que promuevan el reciclaje y el uso eficiente de recursos

En la gran mayoría de las ciudades del país, donde quiera que el servicio del aseo urbano no sea prestado por una empresa privada, las fallas e ineficiencias salen a relucir.

En la última década ha desmejorado sustancialmente su prestación. Hasta 2021 solo el 63% de los venezolanos aseguraba que en sus comunidades se prestaba el servicio del aseo urbano, según una encuesta aplicada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) en julio de ese año. En otras palabras, cuatro de cada 10 familias no tenían acceso al servicio de recolección y disposición de desechos sólidos.

Los problemas estructurales de las instituciones públicas han creado un entorno poco propicio para que los servicios se presten de manera adecuada. Concretamente en el caso del aseo urbano, el común denominador es el desorden.

No es de extrañar el descontrol en el que se ha convertido la gestión del aseo urbano en el país, considerando que nunca se creó el Consejo Nacional para la Gestión de los Residuos y Desechos, que, de acuerdo con la Ley de Gestión Integral de la Basura sancionada en 2010, debía regir todo lo relativo a este servicio.

Han pasado 12 años desde la publicación de la ley en Gaceta Oficial y el gobierno nunca se encargó de crear esta instancia, sin la cual todos los demás actores involucrados en el proceso de la recolección y disposición de residuos participan discrecionalmente, generando caos, inexistencia de estadísticas actualizadas y problemas estructurales.

https://elpitazo.net/alianzas/talcual-presenta-seriado-servicios-ni-tan-publicos/

 

El aseo urbano se privatiza mientras empresas públicas recogen más dinero que basura (II)

Brian Contreras|Septiembre 28, 2022

Algunas comunidades denuncian que llevan 10 años sin la prestación del servicio de aseo urbano del sector público, y otras reclaman las excesivas tarifas que cobran las empresas privadas autorizadas por varios municipios, como Fospuca. En este segundo texto de la serie Servicios (ni tan) Públicos de TalCual, expertos sostienen que es necesario un nuevo marco jurídico y de políticas públicas que promuevan el reciclaje y el uso eficiente de recursos

Una mujer sale de su casa con dos bolsas en mano, están llenas con los desechos de su hogar depositados el día previo. Recorre durante 10 minutos cuatro calles hasta alcanzar la avenida principal donde, se supone, debe deshacerse de ellas. No encuentra ningún depósito para hacerlo. Arroja las bolsas en la acera y sigue su camino.

Una enorme hilera de casi tres kilómetros se forma con la basura arrojada en cada intersección de la avenida. Los desechos se acumulan a la espera de que los pocos camiones recolectores a disposición de Supra Caracas —empresa pública asignada por la Alcaldía del Municipio Libertador— recorran las calles y despejen las aceras.

Ese es el día a día de cualquier residente de Prado de María, comunidad ubicada en la parroquia Santa Rosalía del municipio Libertador, lugar desde el cual sus residentes denuncian que desde hace una década no se les presta el servicio de aseo urbano.

«Tenemos más de 10 años sin que un camión de basura pase por nuestras casas», denunció Milagros Escalona, una vecina de Prado de María que observa todos los días cómo la ineficiencia de las políticas públicas bajo la responsabilidad de la Alcaldía de Caracas afectan la calidad de vida de la comunidad.

La justificación que ofrece Supra Caracas es que no dispone de suficientes unidades. Por lo tanto, en lugar de recorrer todas las calles, solo se ocupan de despejar las avenidas principales. Los residentes de las comunidades adyacentes se ven en la obligación de trasladar sus desechos sólidos hasta los puntos que sí recorren los camiones del aseo.

Aunque no reciban visitas de los recolectores, lo que los vecinos sí reciben puntualmente cada mes son las facturas del cobro de aseo urbano y relleno sanitario, que además desde 2020 pasó a ser, por mucho, el concepto más costoso en la factura de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), en la cual se incluye el pago del aseo urbano.

Alrededor de 90 bolívares suelen pagar los residentes de Prado de María por concepto de aseo urbano en la factura de electricidad, lo que representa más del salario mínimo de Bs. 171. Si tienen registrado algún negocio, sin importar las características de la empresa en cuestión, el pago acaba por desangrar financieramente a los emprendedores.

El caso de Prado de María es un simple ejemplo de una situación que se repite en todas las comunidades de Caracas y la gran mayoría del país. Donde quiera que el servicio del aseo urbano no sea prestado por una empresa privada, las fallas e ineficiencias salen a relucir.

https://talcualdigital.com/el-aseo-urbano-se-privatiza-mientras-empresas-publicas-recogen-mas-dinero-que-basura-ii/

Interpuesto Recurso de Amparo contra la Alcaldía de Caroní por obligar pago a Fospuca impidiendo pago a sus propios tributos

 

Fospuca impidiendo pago a sus propios tributos

21/01/2023

Maliciosa disposición de la Alcaldía de Caroní de condicionar el pago de impuesto municipal a la actividad económica al hecho de también pagar el exagerado costo del privatizado servicio de aseo urbano, expone al empresariado local a multas y sanciones ilegales si se opone o no puede en ese momento cubrir el impagable nuevo servicio, en el que además se incluye cobro por manejo de relleno sanitario.

Este viernes 20 de enero, la Asamblea de Ciudadanos introdujo el recurso de amparo en el Tribunal de Justicia, ubicado en Puerto Ordaz, solicitando la activación nuevamente de la página de Tributos Municipales para que los empresarios puedan realizar el pago de los impuestos. Más de 50 comerciantes de diferentes rubros se concentraron en las adyacencias del Palacio en apoyo a las acciones legales y firmes para defender sus derechos y cumplir con su deber.

Cabe destacar que hasta este viernes 20 de enero es el plazo para cancelar, sin embargo, muchas empresas no han podido debido al bloqueo en la página por no cancelas las tarifas impuestas por la empresa privada de recolección de desechos y relleno sanitario, Fospuca.

Simón Yegres, uno de los voceros de esta organización de ciudadanos, que no entiende en que se basó la Alcaldía para bloquear a los usuarios y evitar que estos puedan pagar sus aranceles municipales. «La Constitución es muy clara, esto es un deber y derecho que tiene el ciudadano, a pesar de que exista una normativa municipal, no puede ir por encima de la CRB», expresó.

Simón Yegres, uno de los voceros de la Asamblea de Ciudadanos. Foto: Alvis Cristina Herrera

Asamblea de Ciudadanos a espera de respuesta

Tras la introducción del amparo, Yegres explicó que «por ser viernes, el lunes, suponemos, que deben hacer la admisión del amparo y de allí arrancar el proceso». El proceso «debe tardar una semana por lo mucho», continúo.

Asimismo también aseguró que tomarán acciones contra Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) por «permitir incluir un relleno sanitario que no existe en su facturación». «Este es el primer paso firme, sin embargo, nuestro objetivo como Asamblea de Ciudadano es quitarnos ese tarifario, que todavía desconocemos como se calculó», dijo.

En tal virtud, un grupo de sociedades mercantiles en Asamblea de Ciudadanos asentadas en Ciudad Guayana, que han visto y sentido la violación y amenaza de violación de sus plurales derechos constitucionales por parte del Ejecutivo Municipal de Caroní, cuando se les impide declarar, liquidar y pagar lo correspondiente al impuesto municipal sobre actividades económicas ya que se les condiciona al pago de servicio de recolección de basura bloqueando la página o servicio on line y en virtud de que el articulo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela garantiza a toda persona el derecho de acudir a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, acudieron ante los tribunales de justicia para interponer sendo Recurso de Amparo Constitucional, con fundamento en el articulo 27 de la misma Constitución, con el propósito de buscar la restitución de los Derechos conculcados o la amenaza de ellos, y evitar ilegales cobros de multas y otras sanciones.

Los abogados en ejercicio FELIX ISTÚRIZ y JOSÉ GREGORIO MEIGNEN, quienes asisten a as sociedades mercantiles recurrentes por Vía de Amparo Constitucional, expresaron que tal recurso se formula denunciando la violación de los derechos constitucionales siguientes:

DENUNCIAS FORMULADAS:

1. Violación del derecho de petición dispuesto en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
2. Violación de la garantía del Debido Proceso establecida en artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
3. De la garantía a la libertad a la actividad económica de preferencia del artículo 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
4. Violación al Derecho a la Defensa del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
5. Violación a la Garantía de Tutela Judicial Efectiva
6. De la tutela constitucional anticipada, y subsidiariamente de las medidas cautelares innominadas

En tal sentido, los juristas Isturiz y Meignen, refieren que los accionantes solicitan ante la autoridad Constitucional el siguiente petitorio:

PRIMERO: que se ordene a los agraviantes que dispongan lo conducente para el restablecimiento de los derechos y garantías constitucionales aquí reclamados, mediante orden para que se proceda a recibir, tramitar y dejar asentadas las declaraciones y pagos de los accionantes para que de manera inmediata puedan declarar, liquidar y pagar lo correspondiente al impuesto municipal sobre actividades económicas establecidos en la ORDENANZA DE IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS O DE ÍNDOLE SIMILAR (Gaceta Municipal del 09/09/2020, Nro. 130/2020), a través el servicio online (internet) por ante la oficina virtual del servicio Superintendencia Tributaria del Municipio Caroní sin supeditarla al pago de otros impuestos, tasas y/o contribuciones distintos al impuesto que se declara y paga.

SEGUNDO: que declarado como será con lugar el Amparo Constitucional su contenido comprenda el mandato para que se tengan como practicadas en tiempo hábil las declaraciones y pagos de los accionantes con respecto al impuesto municipal por actividades económicas establecido en la ORDENANZA DE IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS O DE ÍNDOLE SIMILAR (Gaceta Municipal del 09/09/2020, Nro. 130/2020), aun cuando la decisión sea pronunciada con posterioridad a la fecha límite del lapso legal hábil que culmina el 20 de enero de 2023.

TERCERO: que los agraviantes se abstengan en lo sucesivo de repetir contra los accionantes la obstaculización a la declaración, liquidación y pago de lo correspondiente al impuesto municipal sobre actividades económicas establecidos en la ORDENANZA DE IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS O DE ÍNDOLE SIMILAR (Gaceta Municipal del 09/09/2020, Nro. 130/2020) Servicio Superintendencia Tributaria del Municipio Caroní, sin supeditarla a la solvencia o pago de otros impuestos, tasas y/o contribuciones, distintos al impuesto que se declara y paga.

Esta Acción legal DE AMPARO EN CONTRA DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO CARONÍ DEL ESTADO BOLÍVAR Y EN CONTRA DE LA SUPERINTENDENTE TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO CARONÍ, fue consignada el día Viernes a la 1:00 pm, por ante el TRIBUNAL SUPERIOR ESTADAL DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DEL ESTADO BOLIVAR, CON SEDE EN PUERTO ORDAZ, y le fue asignado el número de expediente Nro. FP11-0-2023-000004 Amparo Contencioso.

 Con información de SNPD

Tomado de:

https://elbolivarense.net/archivos/22390

EMPRESARIOS uniéndose para tratar el tema de tarifas del aseo.

 EMPRESARIOS uniéndose para tratar el tema de tarifas del aseo.

Fedecámaras, Asocomercio San Félix, Comerciantes y Comisión Ciudadana se reunieron en asamblea para tratar esta situación, se estarán tomando medidas legales, se harán estudios para presentar propuestas sobre lo que debería ser el cobro de tarifas, saber cómo poder pagar los impuestos sin condiciones, sobre manera unir todos los esfuerzos para lograr el bien común. En esta reunión se dio  conocer que este viernes la Comisión Ciudadana introducirá un recurso de Amparo para defender a la comunidad comercial y residencial de estas tarifas excesivas. #19Ene #Guayana

Unión y organización

Cortesia: Luis Cedeño

https://www.facebook.com/luis.cedeno.16503/videos/712167720521073

Comerciantes del Centro de San Félix se reunieron en la Plaza Bolívar

Comerciantes del Centro de San Félix se reunieron en la Plaza Bolívar

 Comerciantes del Centro de San Félix se reunieron en la Plaza Bolívar a fin de concretar pasos que les permita hacer reclamo contra las tarifas del aseo urbano en manos de la empresa Fospuca, estuvo una comisión Ciudadana para hacer los aportes sobre este reclamo, pudimos observar la mayoría de negocios cerrados. Los empresarios van a seguir organizándose para lograr ser escuchados y atendidos por el mismo Alcalde, Cámara Municipal en la intención de que sea cambiado el criterio de cobro, La referida comisión estará introduciendo un recurso de amparo este jueves en el respectivo tribunal. #17Ene #Guayana

Cortesía: Luis Cedeño

https://www.facebook.com/luis.cedeno.16503/videos/715415176880726

 

Suspensión de efectos de la ordenanza municipal que establecía al petro como referencia para pago de impuestos

• agosto 12, 2019

Sala: Constitucional.

Tipo de Recurso: Nulidad por razones de inconstitucionalidad.

Materia: Tributaria.

Nº Exp: 19-0360.

Nº Sent: 0255.

Ponente: Juan José Mendoza Jover.

Fecha: 12 de agosto de 2019.

Caso: Banco Provincial S.A. Banco Universal Vs. Concejo Municipal del Municipio Maracaibo del Estado Zulia.

Decisión:

1.- COMPETENTE para conocer el recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido (…), conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos de los artículos 35, párrafo segundo; 71; 147.4 y 148 de la Ordenanza de Licencia e Impuesto sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio y Servicios de Índole Similar en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, publicada en la Gaceta Municipal de Maracaibo N° 341-2018 de fecha 28 de diciembre de 2018.

2.- ADMITE el referido recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido.

3.- ORDENA notificar a la parte recurrente y citar, mediante oficio, al Presidente del Concejo Municipal del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, al Síndico Procurador Municipal del referido ente político territorial, así como notificar a la Fiscal General de la República y al Defensor del Pueblo, para que comparezcan a darse por citados ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la publicación del cartel o de la notificación del último de los interesados, a cuyos fines dispuso remitir a los citados funcionarios copia certificada del escrito del recurso y del presente auto de admisión.

4.- ACUERDA la medida cautelar solicitada, por lo que SUSPENDE LOS EFECTOS de la Ordenanza de Licencia e Impuesto sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio y Servicios de Índole Similar en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, publicada en la Gaceta Municipal de Maracaibo N° 341-2018 de fecha 28 de diciembre de 2018.

5.- Se MANTIENE EN PLENA APLICACIÓN por ultractividad la Ordenanza sobre Licencia e Impuesto a las Actividades Económicas, Comerciales, Industriales, de servicio y de índole Similar en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, publicada en la Gaceta Municipal de Maracaibo N° 289-2016, de fecha 23 de Diciembre de 2016.

6.- Se INSTA a la conformación de una mesa técnica entre la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia y los contribuyentes, con la finalidad de realizar el análisis de los acuerdos y diferencias respecto de las disposiciones de la Ordenanza impugnada, e informar de las resultas a esta Sala.

7.- ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de continuar con la tramitación del recurso.

Extracto:

“La parte recurrente relató el funcionamiento del sistema de puntos de venta para evidenciar que lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 35 de la Ordenanza impugnada es de imposible ejecución, si se le considera en conjunto con el resto de los municipios que se han acogido a esa política; así como la gran complejidad para la banca de saber en qué lugar en concreto se llevó a cabo la actividad comercial gravada con el ISAE, en el uso de los puntos de venta inalámbricos.

Que con base en ello, estiman que el artículo 35 de la Ordenanza recurrida viola los derechos económicos previstos en los artículos 112, 113 y 299 de la Constitución, así como la reserva de la materia bancaria al Poder Nacional y su calificación como servicio público, y constituye una evidente usurpación de funciones del Concejo Municipal del Municipio Maracaibo del Estado Zulia respecto de las competencias exclusivas del Poder Nacional en materia financiera, fiscal y de políticas macroeconómicas.

Luego de transcribir los artículos 71, 147.4 y 148 de la misma Ordenanza y hacer referencia al Petro como modalidad de unidad de cuenta y los Decretos dictados en relación al mismo, indicaron que los referidos artículos violan la reserva de ley en materia penal prevista en el numeral 6 del artículo 49 de la Constitución, al adoptar por una parte, al Petro como unidad de cuenta y, por la otra, eventualmente violentar la irrectroactividad de la ley prevista en el artículo 24 de la Carta Magna.

En efecto, alegaron la falta de competencia y la ausencia de norma reguladora del Petro como unidad de cuenta fluctuante que “permita al Presidente de la República o a órganos de la Administración Pública utilizarla”, por ello estiman que los artículos 147.4 y 148 de la ordenanza atentan contra la reserva legal y afectan la seguridad jurídica.

(…)

… esta Sala observa que la parte recurrente, solicitó la suspensión de los artículos 35, párrafo segundo; 71; 147.4 y 148 de la Ordenanza de Licencia e Impuesto sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio y Servicios de Índole Similar en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, publicada en la Gaceta Municipal de Maracaibo N° 341-2018 de fecha 28 de diciembre de 2018, y al respecto alegó la vulneración del artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela …”

“… el juez acordará la medida preventiva solicitada cuando exista presunción del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo, esto es, de que no sean plenamente ejecutables las resultas del juicio (periculum in mora), ya que en función de la tutela judicial eficaz, las medidas cautelares en este ámbito no son meramente discrecionales de los jueces, sino que, una vez que se verifique el cumplimiento de los requisitos que preceptúa la norma para su otorgamiento, el órgano jurisdiccional debe dictarlas.”

“… del análisis de los requisitos de Ley sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada, se desprende, con respecto al fumus boni iuris, que en el caso sub judice el mismo emana de los argumentos de inconstitucionalidad formulados y de la obligación impuesta en una de las normas impugnadas que genera responsabilidad y consecuentes sanciones.”

“… se advierte el peligro de infructuosidad del fallo final -periculum in mora- dado que sería posible, de la aplicación de la norma impugnada, causar un gravamen irreparable para todos los contribuyentes del ISAE en el Municipio Maracaibo, quienes se verán obligados a adelantar un impuesto mayor al debido; así como para los bancos como el recurrente, quienes deberán desarrollar su plataforma tecnológica para las exigencias y su incumplimiento generará responsabilidad solidaria de las obligaciones tributarias derivadas.”

“Así, dados los requisitos legales exigidos para la procedencia de la medida cautelar peticionada y con base en lo expuesto, la Sala suspende los efectos de la Ordenanza de Licencia e Impuesto sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio y Servicios de Índole Similar en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, publicada en la Gaceta Municipal de Maracaibo N° 341-2018 de fecha 28 de diciembre de 2018, hasta tanto se decida la causa principal, por lo que se mantiene en plena aplicación por ultractividad la Ordenanza sobre Licencia e Impuesto a las Actividades Económicas, Comerciales, Industriales, de servicio y de índole Similar en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, publicada en la Gaceta Municipal de Maracaibo N° 289-2016, de fecha 23 de diciembre de 2016. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia:Esta decisión, junto con la dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con el No. 0250 el 08 de agosto de 2019 (Juan Ernesto Garantón Hernández Vs. Concejo Municipal del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda), resulta ser emblemática por lo que concierne a la impugnación por razones de inconstitucionalidad de las ordenanzas municipales que toman los valores de divisas y de la criptomoneda Petro para la determinación de los tributos exigibles en los mismos. En ambos casos y con ponentes distintos, se han suspendido los efectos de las ordenanzas municipales impugnadas.

En este caso, la medida cautelar acordada se ha sustentado en la presunción de la existencia de un mejor derecho (fumus boni iuris) y el riesgo que resulte ilusorio el fallo que se dicte (periculum in mora).

El otro elemento de la demanda interpuesta consiste en lo que la parte actora considera que el Concejo Municipal del Municipio Maracaibo del Estado Zulia adopta la práctica registrada en otros municipios del país de designar a la banca, pública y privada, como agentes de retención del Impuesto sobre Actividades Económicas (ISAE), cuando en las operaciones económicas gravadas con ese tributo se recurre a los puntos de venta como medio para concretar su pago, concretamente en aquellos casos en los que se utilizan dichos puntos de venta para concretar el pago a favor de un contribuyente del ISAE, respecto de operaciones comerciales por él celebradas, siempre que el banco cuente con establecimiento permanente en el Municipio Maracaibo y el punto de venta se encuentre igualmente ubicado en esa jurisdicción y administrado por él. Lo dicho implicaría una carga onerosa en los sistemas informáticos bancarios que el recurrente considera inconstitucionales.

Voto Salvado: No presenta.

Cortesía: 

https://accesoalajusticia.org/suspension-de-efectos-de-la-ordenanza-municipal-que-establecia-al-petro-como-referencia-para-pago-de-impuestos/

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/306952-0255-12819-2019-19-0360.HTML

Los comerciantes de Puerto Ordaz protestaron por las tarifas impagables del aseo urbano

 

Los comerciantes de Puerto Ordaz protestaron por las tarifas impagables del aseo urbano

En rechazo a las tarifas excesivas de aseo urbano la sociedad civil, comerciantes y representantes del comité organizador de ciudadanos para la gestión del aseo urbano en el municipio Caroní llevaron a cabo una pinta de carros en la Plaza Monumental en Puerto Ordaz.

Este 06 de enero, de manera pacífica, los guayaneses exigieron revisión a las tarifas impuestas por la empresa privada Fomento de Servicios Púbicos Compañía Anónima (Fospuca) y la Alcaldía de Caroní.

José Ríos, concejal y miembro de la comisión para la gestión del aseo urbano, declaró que el motivo de la protesta pacífica es para solicitarles a las autoridades municipales, principalmente a la figura del alcalde, que paren el proceso de cobro excesivo de Fospuca llevado bajo el oscurantismo.

De acuerdo al edil, el contrato otorgado a la empresa privada es desconocido y no se sabe cuál fue el contrato otorgado, cuál es el alcance, la inversión y las pautas que se establecen para la prestación del servicio.

¿Cuál es el universo de suscriptores, la clasificación, cuántos son residenciales, vulnerables, comerciales, industriales?, se preguntó Ríos asegurando que solo luego de esta clasificación se puede conocer la potencialidad de pago y posteriormente se diseñan las tarifas.

En ese sentido, sostuvo que los montos actuales de cobro se diseñaron de manera oculta, por decreto administrativo del alcalde Tito Oviedo sin que la propuesta fuera discutida en la Cámara Municipal.

Protestamos por las tarifas exorbitantes, abusivas y excesivas que Fospuca pretende cobrarle a la población de Guayana, los montos son inviables e insostenibles y si no objetamos estaremos acabando con toda la actividad comercial y productiva del municipio Caroní. No pueden solucionar el problema de la basura generando otro de orden mayor, alegó.

Ríos afirmó que la actividad de este viernes será la primera de muchas hasta que las autoridades escuchen las denuncias y las protestas de los ciudadanos quienes exigen discutir el tema de la recolección de desechos sólidos con transparencia, rectitud y apego a las normas y a los principios constitucionales.

Abuso contra los comerciantes

Jeimy Gutiérrez, dueño de un local en Unare, fue uno de los participantes de la protesta de este 06 de enero. El comerciante reclamó por los altos montos que impone Fospuca.

Pagaba 20 bolívares de aseo y ahora quieren cobrar 90 dólares mensuales, tengo una empresa pequeña. Es un abuso contra los comercios, dijo.

Gutiérrez afirmó que mantendrán la protesta pacífica hasta que la Alcaldía de respuestas sobre las tarifas y la negativa para que los comerciantes declaren impuestos sino están al día con el pago del servicio de aseo.

Los montos son muy elevados y las ventas están bajas, además, no te permiten declarar los impuestos municipales sino estás al día con Fospuca, denunció.

Asimismo, Víctor Serrano, vocero de la Asociación de Productores de Bloques del estado Bolívar, argumentó que la situación con Fospuca está terminando de someter al quiebre a las empresas de un sector contraído y paralizado.

En medio de sus declaraciones, informó que al igual que otras empresas en la región, las tarifas del aseo urbano se las calculan por metros cuadrados y no por desechos sólidos generados.

Las tarifas son impagables, no lo podemos sostener, muchos no vemos obligados a cerrar y definitivamente, prescindir de las actividades económicas, lamentó.

Tarifas

Las tarifas del servicio de aseo urbano en el municipio Caroní oscilan entre 1,13 y 1.500,00 dólares para el sector de comercio, industria y prestación de servicios, de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados del espacio físico.

Cortesía:  https://www.costadelsolfm.org

Violación de derecho propio ocurre con la costumbre arbitraria, anticonstitucional e ilegal de las Administraciones Tributarias Municipales de impedir la presentación de las Declaraciones

La Violación de derecho propio ocurre con la costumbre arbitraria, anticonstitucional e ilegal de las Administraciones Tributarias Municipales de impedir la presentación de las Declaraciones, como es el caso del pago del servicio de aseo urbano prestado en concesión por empresas privadas

 Abogado: 

LUIS FRAGA-PITTALUGA                                                                                                                                             doctrinatributaria  /   

linktr.ee/fragapittaluga